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31/01/2014, Cooperativas Agro-alimentarias
Por Gabriel Trenzado, director del departamento de Asuntos para la UE e Internacionalización de Cooperativas Agro-alimentarias de España
La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural ultimó los flecos políticos sobre el modelo de aplicación de reforma de la PAC en España que ha puesto fin al debate presupuestario entre CCAA. Si bien el nuevo modelo de pagos está claro, existen muchas incógnitas, la definición de agricultor activo cobra mucha relevancia. Bruselas todavía debe publicar los actos delegados y de ejecución, fundamentales para la aplicación de la nueva PAC.
Tras medio año de discusiones entre el Ministerio y Comunidades Autónomas, la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural alcanzó el 21 de enero un acuerdo sobre el modelo de aplicación PAC en España 2015-2020 en aquellos aspectos pendientes por cerrar tras el ya alcanzado el pasado 25 de julio de 2013.
Este acuerdo se dividió en dos capítulos, el primer pilar -que sentó las bases de la definición de agricultor activo- estableció una aproximación a la regionalización del nuevo sistema de pago básico y zanjó el debate sobre el presupuesto y los sectores que disfrutarán de una ayuda asociada. Sobre el segundo pilar se repartieron los fondos para el desarrollo rural y se conoció la cofinanciación que aportará el Estado a los PDR autonómicos.
A pesar de alcanzar un acuerdo quedan todavía muchas incógnitas, y no se despejarán hasta haber terminado el actual período de solicitudes de pagos, con el objetivo de evitar movimientos especulativos.
El primer pilar: la definición de agricultor activo se hace protagonista.
Los pagos directos siguen siendo, por su importancia presupuestaria e impacto directo en agricultores y ganaderos, el aspecto que más incertidumbre ha generado, sin embargo, todavía no es posible saber con exactitud cómo afectará el nuevo sistema en cada expediente.
Los parámetros elegidos para la definición de agricultor activo implicarán que, además de tener que declarar cada año la actividad a realizar en la superficie objeto de pago, las ayudas directas recibidas no podrán representar más de un 80% del total de sus ingresos agrarios. Además, aquellos que declaren barbechos deberán justificar documentalmente los gastos realizados para mantener dicha superficie en condiciones óptimas para el cultivo, y quien declare pastos deberá estar registrado en el REGA y tener una carga ganadera mínima de 0,2 UGM/Ha. Estos requisitos no se aplicarán a aquellos que entren en la definición de pequeño agricultor, es decir, que reciban menos de 1.250 € en pagos directos, situación en la que se encuentran más del 40% de los perceptores de pagos PAC en España.
La regionalización de los pagos en España implicará que existan entre 22 y 24 regiones, y el año de referencia para la primera asignación de pagos y la superficie máxima con derecho a cobro podría ser 2013. Por último, para el cálculo de los pagos básicos en 2015 se tendrá en cuenta los pagos acoplados de determinados sectores que no tendrán acceso a la nueva ayuda asociada, tales como la vaca nodriza, el algodón y el tabaco.
Sobre los pagos asociados, que sustituye al actual sistema conocido como art. 68, se alcanzó un acuerdo sobre los sectores y el montante presupuestario (Ver tabla 1), y se estableció una cláusula de revisión del esquema para antes del 1 de julio del 2016, es decir, solamente tras un año de aplicación, para dar salida y contento a los sectores y CCAA que quedaron fuera del reparto.
Tabla1. Evolución de las negociaciones en la Conferencia Sectorial
Sectores Propuesta 1 Propuesta 2 Acuerdo Final
Ovino 154,892 - 154,892 - 154,892
Vaca nodriza 187,745 - 187,745 - 187,745
Vacuno Leche 93,579 - 93,579 - 93,579
Proteaginosas 44,475 - 44,475 - 44,475
Vacuno cebo 40,966 - 40,127 - 40,127
Remolacha 14,430 - 16,836 - 16,836
Frutos secos 14 - 14 - 14
Arroz 12,205 - 12,206 - 12,206
Caprino 8,726 - 13,645 - 13,645
Tomate transformado 6,351 - 6,352 - 6,352
Legumbres de calidad 0 - 0 - 1
Total 577,433 - 583.919 - 584.919
% Acoplados vs Dotación nacional 11,79% - 12,08% - 12,08%
(en millones de euros)
Desarrollo Rural, consolidación del PDR nacional, acuerdo entre CCAA y menor cofinanciación estatal
La implantación de un Plan de Desarrollo Rural Nacional, que servirá para dar contenido a la aprobada Ley de Integración Cooperativa se ha consolidado con este acuerdo, lo que supone que el Estado podrá gestionar un programa propio que contará con una financiación comunitaria máxima de 238 millones de euros.
Sin embargo, el mayor reto político era, sin duda, el reparto de los 8.053 millones de euros de financiación comunitaria a los Programas de Desarrollo Rural de las CCAA. Fue el principal punto de desencuentro ya que una Comunidad Autónoma, Andalucía, perdía en beneficio del resto, a pesar de que esta primera siga siendo la que más reciba en este capítulo con un 23,67% de los fondos (Ver tabla 2).
Pero, más que el reparto del presupuesto, lo relevante de la Conferencia Sectorial es que el Estado solamente aportará el 30% de la financiación pública nacional de los PDR, lo que supone una reducción del período anterior establecida en el 50%. Para evitar devolución de presupuesto a Bruselas, se prevé un sistema de transferencia de fondos entre CCAA.
Tabla 2. Tabla comparativa reparto Fondos de Desarrollo Rural
PDR 2007-13* Reparto % PDR 2015-20 Diferencia Reparto %
Andalucía - 2.098,06 - 26,05% - 1.906,00 - -192,06* - 23,67%
Aragón - 461,55 - 5,73% - 466,80 - 5,25 - 5,80%
Asturias - 303,24 - 3,77% - 325,00 - 21,76 - 4,04%
Baleares - 47,43 - 0,59% - 61,00 - 13,57 - 0,76%
Canarias - 155,86 - 1,94% - 157,50 - 1,64 - 1,96%
Cantabria - 80,48 - 1,00% - 98,80 - 18,32 - 1,23%
Castilla y León - 841,46 - 10,45% - 969,00 - 127,54- 12,03%
Castilla-LM - 1.133,45 - 14,07% - 1.147,10 - 13,66 - 14,24%
Catalunya - 311,12 - 3,86% - 348,50 - 37,38 - 4,33%
C. Valenciana - 174,78 - 2,17% - 204,00 - 29,22 - 2,53%
Extremadura - 878,07 - 10,90% - 890,20 - 12,13 - 11,05%
Galicia - 879,82 - 10,93% - 889,80 - 9,98 - 11,05%
C. de Madrid - 75,47 - 0,94% - 76,50 - 1,03 - 0,95%
R. de Murcia - 217,08 - 2,70% - 219,20 - 2,12 - 2,72%
Navarra - 127,86 - 1,59% - 136,50 - 8,64 - 1,70%
País Vasco - 84,31 - 1,05% - 87,10 - 2,79 - 1,08%
La Rioja - 57,40 - 0,71% - 70,00 - 12,60 - 0,87%
Red Rural Nacional** - 125,63 - 1,56% - 0,00 - 25,63 - 0,00%
TOTAL CCAA - 8.053,07 - 100,00% - 8.053,00 - - 100,00%
(en millones de euros)
* Datos extraídos del Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013. Las cifras emitidas en prensa es que Andalucía perdería 211 millones en DR, pero las referencias no varían demasiado.
** La Red Rural Nacional del próximo período se financiará en el marco del PDR Nacional.
Muchos detalles por concretar e incertidumbre
Aunque hayamos avanzado siguen existiendo muchas incertidumbres en la mayor parte de las cuestiones, tanto en lo que se refiere a la legislación comunitaria como en su aplicación en España.
En Bruselas la Comisión está ultimando los actos delegados y de ejecución a la carrera, que establecerán definiciones, pautas y límites a los desarrollos y aplicaciones que se haga de la nueva PAC en los Estados miembros, que deberían presentarse en marzo y aprobarse antes de las elecciones a Parlamento Europeo, previstas para el próximo 25 de mayo.
En España, quedan muchas incógnitas por despejar, especialmente en torno a la definición de agricultor activo, que según los cálculos del Ministerio dejarían a más de 71.000 perceptores fuera de la PAC que actualmente reciben pagos por valor de más de 500 millones de euros, sin contar con los datos de Navarra y País Vasco. El hecho de que en 2015, año de inicio del sistema, la única referencia posible para verificar los datos de ingresos agrarios sea el 2013, que se declararán durante este 2014, ha puesto en guardia a muchos beneficiarios que no cumplirían con la definición de agricultor activo el primer año de aplicación de la nueva PAC.
Tampoco conocemos el mapa definitivo de las regiones ni cómo se aplicarán los pagos asociados, que si bien será por hectárea o por cabeza de ganado en el caso de los sectores ganaderos, con seguridad habrá un debate enconado por aquellos que consideran que la percepción de estas ayudas deba seguir requisitos estrictos, y otros que defenderán un reparto indiscriminado, que fue el mismo debate que se produjo en el desarrollo del actual sistema del artículo 68.
Sobre el desarrollo rural, parece que el debate no ha sido tan duro como se esperaba. Andalucía ha tomado una pose ligeramente agresiva, pero si tenemos en cuenta que lo que se ha repartido es financiación comunitaria, y que las CCAA van a tener que cofinanciar el 70% de la parte nacional para desarrollar sus PDRs, el hecho de contar con más presupuesto no implica que, teniendo en cuenta la salud de las cuentas públicas, tengan menos problemas para financiar sus PDR, por lo que la euforia o tristeza hay que considerarlo como lo que es, una pose política, ya que este reparto virtual puede dar lugar a problemas reales.
Por último, queda un reto importante para que los PDR de las CCAA y el PDR nacional no se neutralicen y sean programas coherentes y compatibles en sus medidas, especialmente en el objetivo de concentrar la oferta y reequilibrar la cadena de valor para que el productor sea más fuerte en el mercado.